El problema de las pensiones, o la
cuestión para decirlo en unos términos más apropiados, no es la cuantía
individual de las mismas, que sigue siendo modesta y en ocasiones muy escasa,
sino las dimensiones colosales de la cifra que suman todas juntas. Se pagan
actualmente unos nueve millones y medio pensiones y la cantidad crece a un
ritmo de unas 200.000 personas más cada año. La nómina mensual supera los 9000
millones de euros, de manera que a los responsables de este negociado les
tiemblan las piernas cuando se acercan las fechas de las pagas extra.
En los últimos ejercicios, el Partido
Popular, que tanto advertía sobre las presuntas intenciones socialistas de
“meter la mano en la hucha de las pensiones”,
ha preferido tirar de esos ahorros en lugar de cubrir el déficit de la
Seguridad Social con la emisión de deuda pública. Quizá debiera haber hecho
esto último (que de todos modos lo va a
tener que hacer) en lugar de dar pie a ciertas visiones catastrofistas sobre
nuestro sistema público de pensiones.
Y si a los responsables (léase los
ministros Montoro y Báñez) les tiemblan las piernas cuando llegan las pagas
extraordinarias, qué decir del vértigo que sienten cuando llega la hora de
hablar de la subida anual. En la actualidad, después de años subiendo con
arreglo al IPC, el incremento de las pensiones tiene un “suelo” del 0.25% para
los años de vacas flacas y un “techo” del IPC + O,50% para los años de vacas
gordas. Pero vacas gordas, lo que se dice gordas, parece que no vamos a ver en
mucho tiempo. Así que para este 2016 que ya casi termina se anuncia una pequeña
pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, después de dos o tres ejercicios
de leves ganancias gracias al período de inflación negativa que hemos
atravesado.
Con
vistas a 2017, todo parece indicar que habrá un repunte de los precios, casi
con toda seguridad por encima del 0,25 que quiere subir el Gobierno del PP. Los
sindicatos y la oposición parlamentaria han pedido un incremento del 1,2% que
tiene algunas posibilidades de salir adelante en el Parlamento mediante
enmienda parcial a los presupuestos del Estado. ¿Qué pasaría si tal cosa
ocurriera? Veamos algunas cifras.
El gasto total previsto para 2016
asciende a unos 135.000 millones de euros. Una subida del 1,2% supone 1600
millones más, a lo que habría que sumar el gasto de pagar a los nuevos
pensionistas que se incorporarán al sistema en 2017. Los “nuevos” a día de hoy
se jubilan con pensiones mejores que las ya existentes, y atender sus derechos
puede suponer un gasto adicional de otros 3000 millones de euros. De modo que
el gasto total pasaría de 135.000 millones a unos 139.500. Esto representa un
crecimiento del 3,33% en el gasto anual para pagar las pensiones.
Si tenemos en cuenta que nuestro PIB
previsto para 2016 asciende a 1,115 billones de euros, podemos decir que el
gasto actual representa el 12,10% de la riqueza total que produciremos los
españoles en 2016 y pasaría a
representar el 12,08 en 2017, siempre y cuando tengamos un crecimiento nominal
(crecimiento real más inflación) de al menos el 3,5%. El crecimiento real
previsto por el Gobierno en sus comunicaciones a Bruselas es del 2,5%.
Esta relación entre el gasto en pensiones
y el PIB es absolutamente crucial, mucho más decisiva que la relación entre
activos y pasivos o cotizantes y no cotizantes. Por una sencilla razón: la
recaudación necesaria se puede cubrir con cotizaciones o con impuestos, pero si
el porcentaje de riqueza que se dedica a las pensiones supera un cierto límite,
nos quedaremos sin margen para otras políticas de gasto, como la educación, la
sanidad, la protección por desempleo, la conservación de las infraestructuras,
etc. ¿Cuál es ese límite? Nadie lo ha
fijado hasta ahora con precisión y no existe una cifra mágica, pero sí existe el consenso de que nos
acercamos año tras año a ese tope.
En 2001, primer ejercicio del presente
siglo, el gasto en pensiones ascendía a 65.000 millones y el PIB a 700.000.
Quince años después, el presupuesto de las pensiones se ha duplicado mientras
que el producto nacional sólo ha crecido (en términos nominales) un 60%. Y así
la nómina de los pensionistas ha pasado de representar el 9,3% del producto al
12,10%. Un incremento de casi dos décimas de PIB por año, incremento que,
obviamente, no puede continuar por tiempo indefinido. Podría decirse, pues, que
la contención del gasto en pensiones es una necesidad tan ineludible como la
contención en el consumo de agua cuando uno se dispone a emprender una travesía
por el desierto.
De
modo que si la limitación del gasto es una obligación ineludible, parece que lo
más lógico es aplicar la subida del 0,25% prevista en la ley y defendida por el
Gobierno, lo cual no impedirá que siga subiendo la cuantía de la pensión media,
que ya está cerca de los 1050 euros mensuales para el caso de las pensiones
contributivas por jubilación. Compárense esos 1050 euros mensuales con las
cifras de los salarios más frecuentes que hoy día se pagan en España. Cierto
que habrá una pequeña pérdida individual de poder adquisitivo. Pero hay una
realidad con la que tendremos que aprender a convivir y que ningún político
reconocerá rotundamente, salvo que sea una Juana de Arco dispuesta a inmolarse
en la plaza pública: ese deslizamiento a la baja del poder adquisitivo de las
pensiones (confiemos en que no muy pronunciado) es el precio que habremos de
pagar a cambio de la seguridad de recibir puntualmente nuestra nómina de
jubilados cada día 30.
FELIZ 2017
