Aurelio Pastor

Hijo de Aurelio Pastor Galindo y Mercedes Valdivieso Sandoval, está casado y es padre de tres hijos.

Cursó sus estudios secundarios en el colegio Ofelia Velasquez-Tarapoto (1979-1983), siguió estudios de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú (1984-1990), luego una Maestría de Derecho Constitucional (1993-1994) y el diplomado de "Asociaciones Públicas Privadas, Gestión Estratégica del Desarrollo" en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC - 2005). Estudió la Maestría de Derecho Penal en la PUCP (2018).

Dirige un Estudio de Abogados en la ciudad de Lima con especialidad en Derecho Penal, Derecho Parlamentario, Derecho Electoral y en la defensa de los Derechos Humanos.^[1]​

Es militante del Partido Aprista Peruano desde los 16 años.

Como miembro del partido, fue Secretario Nacional de Derechos Humanos (1995 -1999), Secretario Nacional de Asuntos Electorales y Personero Nacional (1999 - 2000) y miembro de la Dirección Política desde marzo del 2010 hasta la actualidad.

Su primera participación electoral fue en las elecciones generales del 2000 como candidato al Congreso de la República, sin embargo, no resultó ser elegido.

Fue elegido como congresista de la República en representación del Departamento de San Martín para el periodo parlamentario 2001-2006.^[2]​

Aquí ejerció como presidente de la Comisión de Constitución en 2004.

Postuló a la reelección en las elecciones del 2006 y resultó reelegido.^[3]​

Fue presidente de la Célula Parlamentaria Aprista durante el período legislativo 2008-2009, presidente de la Comisión de Constitución en los períodos legislativos 2004-2005, 2006-2007 y 2010-2011.

Intentó una segunda reelección en 2011 por la lista de Lima, sin embargo, no tuvo éxito.

Al producirse en julio del 2009 la caída del gabinete ministerial encabezado por Yehude Simon, el entonces presidente Alan García tuvo que crear otro gabinete y nombró a Javier Velásquez Quesquén como su nuevo primer ministro. Aquí se nombró a Pastor como ministro de Justicia y Derechos Humanos en reemplazo de Rosario Fernández Figueroa.^[4]​

Entre sus obras durante su gestión ministerial se cuenta la creación de la primera Casa de la Justicia en Chumbivilcas (Cusco), que atiende los problemas judiciales de la población de manera rápida y gratuita. Además de la Casa de la Justicia en Quilmaná (Cañete) y Paucará (Huancavelica).

Durante su gestión desde julio del año 2009, la aplicación del nuevo Código Procesal Penal (CPP) benefició a casi 10 millones 500 mil personas ^{[cita requerida]} en 13 distritos judiciales del Perú: Huaura, La Libertad, Tacna, Moquegua, Arequipa, Tumbes, Piura, Lambayeque, Cusco, Puno, Madre de Dios, Ica y Cañete.

Asimismo, se impulsó la idea de conciliar en lugar de litigar, dando como resultado más de 11,500 casos resueltos mediante la conciliación a través de sus 72 centros gratuitos en todo el país. Además, durante el 2009 cerca de 45 mil 900 personas se acercaron hasta los centros de Asistencia Legal Gratuita (Alegra) del Minjus en busca de solución a sus problemas judiciales. En los centros Alegra se brindan servicios de conciliación, defensoría de oficio y consultas jurídica de manera gratuita.

En lo referido a la labor de los notarios, el Consejo del Notariado, desde mediados del año 2009 promovió la evaluación de los diversos notarios del país. También se inició el proceso de convocatoria del concurso de 17 plazas para el cargo de notario público en Lima, con el objetivo de renovar y ampliar el número de notarios que garantizan un servicio eficiente y moderno a la población.

Bajo la política de inclusión social del MINJUS, mediante el Servicio Civil de Graduados (Secigra), más de 1300 universitarios realizaron sus prácticas de Derecho en las diversas dependencias del sector Justicia.

En el tema legal, impulsó la derogación del Decreto Legislativo 927 y la eliminación de los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación, la semilibertad y la liberación condicional para los condenados por el delito de terrorismo. Asimismo, se llegó a normar la Ley N.º 29472, que regula la intervención de las Fuerzas Armadas y Policiales en el levantamiento de cadáveres en zonas de emergencia.

En el tema de los penales, realizó reformas como la toma de control del establecimiento penitenciario de alta seguridad Castro Castro. Además, se alcanzó una significativa reducción en el hacinamiento en los diversos centros de reclusión. Un ejemplo de ello es lo registrado en el establecimiento penitenciario de Lurigancho donde existían 11,247 internos al inicio de la gestión del ministro Aurelio Pastor y al 30 de diciembre de 2009 se registraban 9,294 internos.^[5]​

También durante su gestión se aprobó la ley que creó el Sistema de Vigilancia Electrónica que se aplicará mediante el uso de brazaletes electrónicos.

Durante el año 2009, y gracias al impulso de su gestión, se invirtió más de 150 millones de soles en el mejoramiento de los establecimientos penitenciarios ejecutando obras en 18 centros de reclusión.

Continuó con la política de conmutaciones de penas y gracias presidenciales a condenados, dirigida por el expresidente Alan García. Fue investigado por La Fiscalía de la Nación por este motivo. En 2017 la Fiscalía archivó definitivamente la investigación contra Pastor sobre los indultos al desestimarse todos los cargos que existían contra él. Demostró su inocencia frente a las denuncias de sus adversarios y enemigos políticos.

La Fiscalía abrió investigación preliminar por los indultos otorgados a sentenciados por narcotráfico durante el tiempo que se desempeñó como ministro del gobierno de Alan García. Esta denuncia fue investigada por tres Fiscales de la Nación, un fiscal provincial y finalmente una fiscal superior quienes luego de cuatro años de una minuciosa investigación archivaron todos los cargos contra Pastor.

En el aspecto internacional, el Ministerio de Justicia representó con creces al país ante el 137° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desarrollado en Washington; y ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, en Ginebra.

Renunció al ministerio y lo reemplazó en el cargo el constitucionalista y ex-magistrado Víctor García Toma, nombrado el 18 de marzo de 2010.^[6]​

Debido a su participación en el indulto al broadcaster José Enrique Crousillat, el presidente Alan García, vía resolución PCM 075-2010, lo separó del cargo de titular del despacho de Justicia el 16 de marzo de 2010.^[7]​ Su separación obedeció a una dura y sistemática campaña del diario El Comercio quien se sintió amenazado con su presencia en el cargo.^[8]​^[9]​

Dentro del partido aprista también tuvo serias críticas de referentes históricos del partido por su participación en el caso Crousillat, entre ellos de Mercedes Cabanillas y Mauricio Mulder.^[10]​^[11]​ Sin embargo, quedó claro que su salida obedeció a la presión del Diario El Comercio al presidente García para su despido.^[12]​^[13]​^[14]​

En febrero del 2011, el ex viceministro de Justicia Gerardo Castro fue recluido en un penal por intento de soborno a un alto funcionario del Ministerio de la Producción para obtener permisos de pesca. Gerardo Castro, tuvo un cargo de confianza durante la gestión de Pastor, este último, al respecto, declaró que se sentía traicionado y que solo lo promovió a viceministro porque le parecía que había hecho un buen trabajo y podía dar más.^[15]​

Fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión por tráfico de influencias.^[16]​^[17]​^[18]​ Sin embargo, quedó en libertad y arremetió contra la entonces primera dama Nadine Heredia.^[19]​^[20]​

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